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Garantizar el derecho a la educación, también es redistribuir la riqueza

Diagnóstico

El acceso a la educación es uno de los mecanismos fundamentales de inclusión social de las personas. Es un derecho, pero también es un medio que habilita a las personas para el ejercicio de sus derechos. Por ese motivo garantizar a todas las personas el acceso a la educación es una responsabilidad del Estado y también de las organizaciones y actores de la comunidad, comprometidos con los derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida de los sectores más postergados de la población.

Luego de largas décadas de neoliberalismo y pese a los avances alcanzados en materia educativa, aún hoy un amplio sector de la población, especialmente adolescentes y jóvenes, se encuentra excluido de los derechos universales, como es el derecho a la educación, principalmente por causa de la pobreza.

En la provincia de Buenos Aires 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. Se trata del 20% de los jóvenes bonaerenses. La repitencia creció del 4 al 9 por ciento y el abandono de las aulas de un 7 a un 16 por ciento, lo que implica que cerca de 90 mil chicos por año dejan de estudiar.

Asimismo, en el nivel inicial, hay carencia de vacantes, con la consecuente superpoblación en las aulas y una insuficiente oferta de servicios de jardines maternales, tan necesarios para las familias trabajadoras, especialmente para las mujeres con niños o niñas a cargo que trabajan, que buscan trabajo y/o que quieren finalizar sus estudios. Los problemas de infraestructura y falta de recursos y materiales en las escuelas de todos los niveles son también preocupantes.

Propuestas:

Estas son las propuestas que construimos en base al conocimiento que tenemos de las necesidades educativas de cada distrito de la provincia, conocimiento que logramos a través de las prácticas y experiencias educativas que, desde hace años, desarrollamos en los barrios con los sectores más humildes de la población en busca de un modelo educativo inclusivo y popular.

• Garantizar el ingreso,  permanencia y egreso en todos los niveles educativos obligatorios: Desde los 4 años hasta la finalización del secundario (como sostiene la ley provincial de educación) a través de presupuesto para: infraestructura, cargos docentes, material didáctico, becas y extensión de la jornada escolar.

• Acceso y permanencia: Implementar la extensión del boleto estudiantil gratuito para jóvenes y adultos que estén alfabetizándose o cursando estudios primarios o secundarios y para los estudiantes de los institutos terciarios y universitarios.

• Presupuesto y participación: Mecanismos de participación popular para que los vecinos sean parte de instancias de control, decisión y elaboración, en la asignación y distribución del presupuesto junto a los consejos escolares. Que estos espacios pongan especial énfasis en controlar la calidad y cantidad de los refrigerios y alimentos en los comedores escolares, en la infraestructura, el material didáctico, etc.

• Bienestar escolar: Llevar adelante campañas de salud escolar y documentación en las escuelas.

• Infancia: Creación de jardines maternales y escuelas infantiles para las familias trabajadoras.

• Participación estudiantil: Fomentar la formación y participación en los centros de estudiantes.

• Inclusión de jóvenes y adultos: Destinar presupuesto específico para extender el alcance de las áreas y programas de alfabetización y terminalidad de estudios para jóvenes y adultos.