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Por Belen Cano
Seguirá habiendo conflictos sociales –traducidos en hechos de inseguridad- mientras haya inequidades y desigualdades, mientras que haya familias sin casa, chicos sin zapatillas, y platos vacíos. Pero atender sus necesidades más urgentes no alcanza. Se dijo que era necesario que cada ciudadano y ciudadana tenga un proyecto de vida. Para que las chicas que acuden a talleres de educación sexual no atraviesen luego un embarazo adolescente. Será necesario además depurar las fuerzas policiales. El propio Carlos Stornelli, entonces ministro de Seguridad de Scioli, anunció que la policía reclutaba pibes para robar. Señales de impotencia de una política de seguridad que ha fracasado. Por eso se conformó un espacio amplio que trabajó un Acuerdo para la Seguridad Democrática en la Provincia de Buenos Aires. Porque las políticas punitivas, de mano dura, de llenar las calles de uniformados no dieron ningún resultado, y lo que es aún peor volvieron a condenar a la marginalidad a quienes ya estaban caídos del sistema: sufren a diario abusos y persecuciones policiales, golpizas en las comisarías, y son criminalizados una y otra desde la pantalla de la TV.
El Sindicato de Prensa de Mar del Plata adhirió sobre fines del 2009 a este acuerdo que fue trabajado y militado por distintos espacios. La iniciativa, que surgió desde el CELS y la Comisión Provincial de la Memoria, fue acompañada por la CTA, el Movimiento Libres del Sur, el bloque SI, Proyecto Sur, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Encuentro, el Frente para la Victoria, la UCR, organismos de derechos humanos, profesionales, movimientos universitarios, entre otros.
La decisión de aunar esfuerzos superó las diferencias ideológicas. La intención fue plantear una política de Estado que piense el tema seguridad desde una perspectiva inclusiva y democrática, porque se entendió que esta problemática no podía quedar en manos de los sectores más conservadores de la política.
El pasado jueves se realizó en el Pasaje Dardo Rocha, en la ciudad de La Plata, la presentación del Acuerdo y una Jornada sobre Gestión Civil, Transformación Democrática y Seguridad. Allí estuvo presente el Sindicato de Prensa de Mar del Plata.
“El acuerdo puso una raya: de un lado se ubican los autoritarios, los que proclaman la mano dura y del otro los distintos partidos democráticos populares en sus distintas expresiones en un marco de pluralidad”, anunció Alejandro Mosquera, miembro de la Comisión por la Memoria.
“Trabajamos para decirle nunca más a la mano dura, nunca más a la ineficacia, nunca más a las torturas en las cárceles, nunca más al hacinamiento, y para reconocer que la política de derechos humanos tiene que tener una mirada que no sólo anunciando lo que lo vendrá, sino una práctica concreta para mejorar la vida y la acción en la seguridad y justicia en la provincia de Buenos Aires”, añadió.
En la primera mesa de panelistas, Juan Carlos Morán (CC) expresó que había una coincidencia en la mayor parte de lo planteado en el Acuerdo y se refirió al aumento de los carteles en la Provincia. “En una segunda etapa van por la política”, señaló.
Eduardo Macaluse, diputado del SI, cuestionó las “políticas delivery” que se escuchan por TV: “más pena, más mano dura, pena de muerte”. “Nosotros necesitamos cinco tomos para explicar la complejidad del tema”, contrarrestó. Habló de la importancia de “saltar el alambrado partidario” e instó a “no caer en la trampa de aislar a quien tiene la audacia de modificar las cosas, sólo por buscar un rédito electoral”.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Milman (GEN) recordó que Cristina en su discurso del 1º de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso, no se refirió ni una sola vez a la problemática de la inseguridad, y señaló que hoy hay más seguridad privada que agentes de seguridad pública.
Jorge Ceballos, referente provincial de Libres del Sur, planteó que es necesaria una política de Estado para resolver este problema y destacó que se hayan unido espacios políticos y sociales tan diversos. “El tema de la seguridad no podía ser únicamente bandera de los sectores ideológicamente autoritarios, de derecha. Era importante que el tema se abordase en una propuesta hacia la ciudadanía. Pero, con franqueza, sabemos que estas políticas de mano dura no surgieron de la nada, sino que es la única respuesta que tienen este modelo económico político y cultural que excluye”, remarcó. El fracaso de estas políticas no implicó una rectificación: “Sabemos que muchas veces quienes sostienen este modelo profundizan esos fracasos”.
Planteó que existen estigmatizaciones concretas en la temática: se persigue al pobre y al joven. “Más allá del avance que implica la asignación universal, por la que hemos luchado mucho por mucho tiempo, es necesario profundizar un proceso de distribución”, dijo y contempló entre los temas de la seguridad, por ejemplo, a la violencia de género. Por último, llamó a la participación de los vecinos y pidió “acabar con malos ejemplos de algunas intendencias, y la complicidad de un espectro judicial, penitenciario, policial y político”.
Al hacer uso de la palabra, Hugo Godoy, secretario general de CTA bonaerense, recordó que faltan pocos días para el octavo aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y que Luciano Arruga fue desaparecido en La Matanza a manos de la policía. Mencionó que son jóvenes y pobres quienes pueblan las cárceles bonaerenses y remarcó la necesidad de dar igualdad de posibilidades a toda la sociedad: “Es la única manera de construir una Patria para todos”. En este sentido, comprendió que el cambio de las políticas de Estado –“que aún hoy es un Estado neoliberal”- sólo podrá darse a partir de la participación popular.
Marta Arriola, quien asumió la representatibidad del Frente para la Victoria, se refirió a los dos intentos fallidos por implementar cambios en materia de seguridad. Ella era subsecretaria de la Niñez y Adolescencia de Scioli pero se fue después de plantear su disidencia con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Instó a “profundizar el modelo” y sostuvo que “la tercera es la vencida”.
Martín Sabbatella, diputado del EDE, señaló que durante sus mandatos en la intendencia de Morón se buscó abordar la problemática de la seguridad desde una perspectiva democrática. Habló de la ineficacia de las políticas antidemocráticas y autoritarias.
Cuando se estaba por cerrar la mesa de referentes políticos, llegó Ricardo Alfonsín (UCR) quien marcó que “es fácil respetar la ley cuando uno come todos los días, su padre puede trabajar y sus hijos se pueden abrigar”. Además, mencionó que es necesario “repensar” la policía y perfeccionar los lugares de detención.
POLICÍA: COMPLICIDAD Y UN ENGRANAJE FUNDAMENTAL
En la mesa de especialistas, Enrique Font, de la Universidad del Litoral, destacó el concepto que Ceballos había dado durante alocución: la necesidad de que cada ciudadano tenga un proyecto de vida. “Ese es el gran desafío que tenemos cuando pensamos políticas sociales para la prevención del delito, que además de tratar de achicar o disminuir inequidades garantizando un piso básico de acceso a la vivienda, salud, educación, tienen que tener un plus si se pretende disminuir la violencia: es la construcción de ciudadanía, que pueda ser organizada”.
Marcelo Saín, académico experto en seguridad y ex viceministro de Seguridad bonaerense, expresó: “Todo aquello que no nos gusta hasta ahora ha sido viable políticamente. Hay una permanente vuelta a ciertos modelos porque tiene cierto grado de consenso social y de viabilidad política”.
“Si no tomamos conciencia de que esto es así –comprendió- me da la impresión de que la lucha política por imponer una idea democrática de la seguridad pierde potencialidad. ¿Por qué es viable este modelo de gestión dura, punitiva, segregacionista? Quisiera mencionar algunos títulos. Uno, que a gran parte de la política argentina le sirve para disciplinar aquellos sectores sociales que sobran, para ellos. En segundo lugar, este modelo y rol de la policía también sirve para controlar el delito, porque lo regula, porque forma parte de él. El tema más gravoso que hay acá, en este momento en gran parte de nuestro país, es que se han estructurado mercados minoristas de compraventa de bienes y servicios, entre ellos el tema del narcotráfico, en el que claramente hay una fuerte componenda del Estado, a través de su sistema policial”.
“No es que hay algunos malos, sino que hay un dispositivo político que se dedica a gestionar los conflictos a través de la participación en los conflictos. Esto es evidente –para poner un ejemplo- en el narcotráfico: hace diez años atrás eran micro emprendimientos de sectores marginarles del mundo del delito, hoy son mercados estructurados complejos, diversificados, con una envergadura muy distinta. Eso no se explica sin ese compromiso de dominio espacial que tienen nuestras policías frente a este tema”, describió.
Segunda cuestión: “Esto es viable porque no hace falta financiarlo, porque la policía tiene una enorme capacidad de financiarse. Si uno tuviera que pagar integralmente todo lo que cuestan nuestras policías hoy como están, tendríamos que duplicar o triplicar el presupuesto actual. Es una de las pocas agencias estatales que tiene capacidad de autofinanciarse con recursos externos al tesoro nacional”, aseveró Saín.
Además, el especialista en temas de seguridad planteó que “para dar vuelta esto necesito un tiempo que es mayor al calendario de mi gobierno, por ende, es una empresa costosa, que requiere armar estructuras de gestión política extremadamente complejas, equipos de gestión, planes: no lo tengo eso. Sí tengo un estado mayor policial; no tengo las tres condiciones necesarias para que la política gobierne la seguridad. ¿Qué es gobernar la seguridad? Elaborar un proyecto de seguridad, construir un quipo de gestión política –porque las buenas ideas se convierten solo en un plexo de proyecto y nada más- y el tercer gran elemento es construir legitimidad política y social. Pactos de base, acuerdos institucionales”.
El abogado penalista Alberto Binder es parte de la junta directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y uno de los principales protagonistas de la reforma de la policía bonaerense que encabezó el ex ministro Arslanian. En el panel que integró, planteó que “la función del Estado en la política de seguridad es un eje que no podemos abandonar” pero que además “necesita una capacidad técnica, que no tenemos”. Dijo que el desafío era muy claro de acá al año que viene: “Establecer bases suficientes para que la dinámica electoral del año que viene no nos arrastre a una demagogia pueril como ha pasado en años anteriores”. “El mayor desafío de una democracia inclusiva –determinó- significa capacidad de gestionar los conflictos sin violencia”.
A su turno, Carlos Arslanian reseñó los dos acuerdos previos que se intentaron llevar adelante en territorio bonaerense. “El primero se fraguó en cámara de diputados, donde se plantearon principios básicos de seguridad pública y una nueva orgánica provincial”.
El segundo intento fue en noviembre del 2006: “Desde el Ministerio de Seguridad convocamos a distintos sectores (centrales trabajadores, de la vida académica, educativos, iglesias, etcétera): con ellos llegamos a darle vida a un documento que era la construcción de un nuevo paradigma en materia de seguridad. Antes, y ahora, seguimos pensando y afirmando los mismos principios”, determinó.
En este sentido, planteó la necesidad de “tener mucha claridad” acerca de cuáles son los problemas básicos de la inseguridad: “La seguridad no es un problema policial, en todo caso, el componente policial forma parte de la del problema de la inseguridad”, sostuvo.
Arslanian expresó que existen dos modelos de seguridad: “Uno autoritario que es el que venimos sosteniendo en la República Argentina durante 70 y 80 años que implica una seguridad gobernada por el recurso policial: estados mayores policiales que venían decidiendo el qué, el cómo, el cuándo y el quién de la persecución penal. Una policía que fue formando contornos y definiciones de policía de régimen, lo que se hizo francamente patente durante la dictadura militar. Pero que luego no perdió durante la democracia esta fisonomía que de alguna manera la siguió acompañando, más allá del intento de travestismo que no sirvieron para romper el problema de base, profundo”.
“Nosotros –contrarrestó- visualizamos la necesidad del acuerdo como el único instrumento posible para poder cambiar el estado de cosas. No basta un gobierno: no son 4 ni 8 años suficientes para transformar una realidad tan dura como la que se produce en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.
“El policiamiento del fenómeno de la inseguridad conduce simplemente a una mirada reactiva y represiva de los fenómenos de la violencia y no a una propuesta preventiva que vaya al núcleo de la problemática, que trate de resolver todos estos fenómenos que tienen que ver con la inclusión, que modifiquen estas realidades sociales”.
El ex ministro de Seguridad aseveró que “la policía no puede autogobernarse, ni resolver todos los problemas, incluso los de violencia de género y los niños abandonados”. “Esto es de una gravedad extraordinaria”, remarcó.
TESTIMONIOS
“Nos parece muy bien sumarnos como Madres porque pensamos que el trabajo y la lucha de nuestros hijos fue para que no hubiera injusticia social. Si no habría injusticia social no habría estos problemas. Es tan grande el abismo entre pobres y ricos que enseguida quedan expuestas todas las diferencias. Nuestros desaparecidos pensaban en una justicia social, y si bien sabemos que es muy compleja la situación, es el único camino que podemos transitar”. (María Juana Rivas, Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora – Mar del Plata).
“Es un apoyo de presencia. Reconocer la importancia de que sectores sociales distintos ámbitos se junten para llevar adelante un proyecto que como básico punto de contacto, es la democratización de la lucha contra la inseguridad. Esta es la clave, el desafío y el único camino, no hay otro”.
“La realidad (de quienes llegan a los tribunales) tiene que ver con la pobreza, con las necesidades, la exclusión básicamente. El problema es qué se hace con esa exclusión. Creo que de acuerdo a las herramientas que se tomen para trabajar contra la exclusión, va a depender el éxito o no de una política de esa naturaleza. En el caso concreto d la inseguridad en nuestro país, tenemos sólo una mirada muy estrecha, que es la autoritaria, la que endurece penas, la que criminaliza la pobreza, la que mete presos chicos, se van a seguir equivocando y no va a servir. Yo soy optimista porque lo que se escuchó es para ser optimista”. (Carlos Rozanski, Juez)
“Se necesita un acuerdo transversal que permita que las políticas que se elaboren tengan perdurabilidad en el tiempo. Esta perdurabilidad la dan los compromisos políticos que se toman, de no cambiar las cosas cuando las cosas están funcionando. La inspiración del acuerdo fue lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con la destrucción de las reformas que hicimos nosotros con tanto esfuerzo, por parte del gobierno actual. Es la necesidad de una política más general. Una política de Estado que exceda a un gobierno tiene que ver con las redes de narcotráfico, de corrupción policial que resultan difíciles de vencer. Tiene que ver con todo: con controlar a la policía, con depurar a la policía, con tener el control civil de Asuntos Internos, con mantener la descentralización y con que la policía un civil y no un policía. Esto es así de fácil”. (Carlos Arslanian, ex ministro de Seguridad bonaerense)
“La intención es formular una propuesta a la Provincia sobre el tema de la seguridad, que preocupa a todos los vecinos, en circunstancias donde han fracaso las políticas demagógicas punitivas, las políticas conocidas como mano dura, que vienen de fracaso en fracaso: pasaron por Patti, Rico, después con Ruckauf, ahora con Scioli, sin ningún tipo de resultado. Nuestra propuesta la venimos construyendo también con las organizaciones sociales y un espectro político muy amplio, como una verdadera política de Estado”. (Jorge Ceballos, referente del Movimiento Libres del Sur)
EL ROL DE LOS MEDIOS
Carlos Arslanian. “Por empezar, tendrían que difundir un acto de estas características, y no silenciarlo u ocultarlo. Punto dos, entender que hay distintas miradas sobre este particular y abrir la posibilidad a que se expresen otras voces diferentes a las que están sosteniendo el discurso duro, de la mano dura. Y fundamentalmente en materia de seguridad, no alarmar innecesariamente, no crispar a la sociedad con noticias que le erizan la piel a la gente”.
Hugo Cañón. “Uno no puede pretender que los medios se sumen espontáneamente porque sabemos que la mayoría de los medios concentrados responden a intereses económicos, y muchas veces el tema de la inseguridad se fomenta a través de la repetición incesante del mismo fenómeno de un hecho delictivo, que repetido 10 veces pareciera que son 10 hechos delictivos. En simultáneo no se pasan otras trasgresiones sociales gravísimas: muertes de chicos en la calle como consecuencia de inhalaciones, muertes por golpizas, la violencia familiar, la violencia de género. Los medios tendrían que jugar un rol muy importante pero no hay que esperar de ellos más de lo que puedan dar. Por ejemplo, si nos manejamos con estadísticas, Argentina es uno de los países más seguros de Latinoamérica, pero tenemos la sensación que tenemos una mayor inseguridad que otros países”.
Jorge Ceballos. “Los medios tienen responsabilidad y un rol destacado en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y la tienen específicamente en el tema de seguridad cuando constantemente están alentando el pedido de mano dura, pena de muerte o estigmatización a los jóvenes, como si los responsables de la inseguridad en este país sean los jóvenes y los pobres. Esa es una visión un tanto monolítica que se ha desarrollado en los distintos medios. En eso, la nueva ley de radiodifusión que se ha aprobado tendría que cumplir un rol si realmente se implementa como es el mandato de la Coalición que hizo posible su aprobación. Si en su ejecución se van a poner a personajes que nada tienen que ver con esas ideas, si la política oficial va a ser comprar medios para armar otro monopolio oficial, indudablemente no vamos a tener esa posibilidad”.
Hugo Cañón: “Estamos dando vuelta una página”
“Es una política de Estado la que se trata de establecer. Todo el arco democrático ha planteado una política propositiva con este acuerdo, saliendo de la defensiva”, analizó Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. “En general –añadió- siempre las políticas de seguridad se han instalado desde un discurso único, de derecha, de mano dura, con una matriz autoritaria. Para un Estado democrático, todavía después de 27 años, nos debemos todavía muchas asignaturas pendientes: una de ellas es la seguridad. Para que la víctima de un delito sepa que las investigaciones se van a hacer adecuadamente, en el caso que corresponda, y quien haya cometido el delito sepa que también va a recibir la pena que corresponda pero dentro de los parámetros legales, sin que haya un plus o un extra de trasgresión de parte del Estado”.
En este sentido, remarcó: “Si queremos desactivar la violencia que existe en la sociedad, el primero que tiene que demostrar que desactiva la violencia es el Estado: no tiene que haber violencia contra los menores como existe en la actualidad cuando se los detiene, se los golpea, se los gatilla en la cabeza, se los cuelga en las celdas con esposas; no deben existir abusos policiales ni penitenciarios en las cárceles, no debe haber connivencia de grupos policiales o corporativos con redes delictivas. Todo eso va a ayudar a un aporte democrático muy positivo”.
Cañón comprendió que se trata de un periodo lento, pero sostuvo con firmeza: “Estamos dando una vuelta de página, que la democracia se debe después de 27 años”.
Primero, sobre fines del 2009, diversos sectores y actores se acercaron, se rodearon de organismos “que no pueden sólo estar en un discursos de reivindicación de juicio y castigo a los responsables de la dictadura militar sino analizar los problemas del presente”, tal como planteó Cañón.
La tarea no es sencilla: es necesario generar consensos políticos. “El proceso será lento, hay que limar asperezas políticas dejando de lado especulaciones electorales, generando política de Estado perdurable”, determinó el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, quien analizó la influencia histórica: “La matriz autoritaria viene desde la expulsión del gaucho en el siglo XIX, el mandar a la frontera a los excluidos, la ley de residencia que expulsaba a los extranjeros cuando se cumplió el centenario del país, el Estado de sitio que rigió en periodos enormes de la historia argentina. Hoy estamos viviendo, en este bicentenario, un proceso más transparente, más comunicativo. En los festejos no hubo ni un solo acto de inseguridad lo que nos hace pensar hasta dónde el tema de la seguridad no es un tema instalado, fogueado a veces por aquellos que tienen una mirada autoritaria de la cuestión”.
En este marco cobra fuerza la necesidad del debate: “Si no hay integración es imposible bajar los niveles de conflictividad. Siempre habrá un resto residual de gente que transgrede la ley, comete delitos, pero tiene que ser un sector minoritario. Hoy están confrontados dos modelos diferentes: aquel de la gente que vive en los countries, frente al marginado que sufre las razzias policiales, que los cargan en camiones para llevarlos a lugares de detención, donde van criaturas de 10 u 11 años con sus madres y padres y los meten en calabozos comunes, sin controles ni orden judicial, al estilo de las peores persecuciones de la dictadura. Creo que es una forma interesante de fomentar la inclusión, la integración y dejando el sistema penal solamente para lo residual”, diferenció Cañón.
Por último, llamó a sumar consensos, a buscar involucrarse “en un tema que no es solamente de la derecha sino de todos los sectores sociales”.
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